Resumen: El juzgado desestimó el recurso de derechos fundamentales contra la negativa de información y participación a la que tenía derecho por ser el delegado sindical de TAMPM, por el trato discriminatorio frente a otras organizaciones sindicales por no reconocer su derecho a que pueda asistir, con voz y sin voto, a las reuniones de la comisión coordinadora de seguridad y salud laboral del Centro Penitenciario de Palma de Mallorca. El debate de autos se circunscribe a la posibilidad de participar en la reunión del Comité de Prevención y Salud Laboral, que nada tiene que ver con las competencias y funciones propias de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias. No debe confundirse pues la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias ni sus grupos técnicos de trabajo, cuya composición debe limitarse a las Organizaciones Sindicales en ella representadas, y los Comités de Seguridad y Salud, que son órganos paritarios colegiados que se crean en cada uno de los centros penitenciarios, y cuya composición no responde a criterios de proporcionalidad, de forma que no tiene porque coincidir con la composición que corresponde a la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias ni sus grupos técnicos de trabajo. Por ello no permitir al representante de ese Sindicato y al delegado de prevención de riesgos laborales por él nombrado, asistir a esa reunión sin causa justificativa para ello, constituye una vulneración del derecho fundamental del artículo 28 de la CE
Resumen: La entidad actora, empresa que opera en el mercado de la la construcción y rehabilitación de infraestructuras, de infraestructuras de edificios e infraestructuras de tratamiento de agua, recurre el acuerdo e incoación de expediente sancionador adoptado por la CNMC por posibles conductas prohibidas en el artículo 1 de la LDC y el artículo 101 del TFUE, consistentes en acuerdos e intercambios de información entre empresas que operan en el referido mercado con el objeto y/o efecto de restringir la competencia en el ámbito de las licitaciones convocadas por las distintas Administraciones Públicas en España, para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios. La sentencia invoca numerosos pronunciamientos del Tribunal Supremo que abordan la cuestión de la recurribilidad de los acuerdos de incoación de procedimientos sancionadores y, de acuerdo con la doctrina que emana de dichos pronunciamientos, declara inadmisible el recurso en aplicación de lo dispuesto en el artículo 69.c) de la Ley jurisdiccional por dirigirse contra un acto de mero trámite, el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador adoptado por la CNMC, sin que dicha declaración de inadmisibilidad implique, a juicio e la Sala, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Resumen: El servicio de empleo puede utilizar como criterio de desempate la prioridad en la presentación de solicitudes siempre que a la situación de igualdad se llegue mediante la aplicación de criterios respetuosos con los principios de igualdad, mérito y capacidad
Resumen: Se estima el recurso de la apelación interpuesto frente a la sentencia de la instancia desestimatoria del recurso formulado por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales frente a la inactividad del Ayuntamiento de Pollença ante las reiteradas denuncias interpuestas por los recurrentes por los ruidos causados por la actividad del Bar Restaurante La Gola Beach House sito en el Passeig de Londres de Pollença al considerar que,dicha inactividad vulnera los derechos fundamentales previstos en el artículo 15 y en el artículo 18-1 y 2 de la CE. Se desestima el recurso en la instancia,a partir de la valoración de las pruebas periciales aportadas de la que se concluye que los niveles de inmisión medidos en las periciales no adquiere la gravedad suficiente para entender que ha existido quiebra de derecho fundamental, sin perjuicio de que exista ilegalidad ordinaria. Se sustenta la apelación en el error en la valoración de la prueba. Se estima el recurso interpuesto destacando la obligación de actuar que tenía, el ayuntamiento demandado,frente las múltiples denuncias presentadas por los recurrente,actuación que suponía comprobar la veracidad de las denuncias y,con ello,de la contaminación acústica, habida cuenta del quebranto a la salud que puede ocasionar la exposición a determinados niveles de ruido.Se concluye,de la prueba practicada que las patologías que presentaban los recurrentes derivaban del sometimiento a un prolongado ambiente de ruidos.
Resumen: La Sala comienza indicando que no hay un derecho constitucional ni legal a recibir la enseñanza básica y obligatoria a distancia, siendo el modelo por el que se ha optado el presencial. Cierto es que, excepcionalmente, y destinado esencialmente a quienes están en el extranjero o , por circunstancias que no pueden sino considerarse excepcionales- esencialmente enfermedad- no pueden asistir presencialmente, pueden recibir la enseñanza a distancia. Por otro lado, debe insistirse, no es una opción voluntaria el acudir a la enseñanza a distancia, sino que, por su carácter subsidiario, requiere que haya una causa para ello. Reserva al CIDEAD (Centro para la educación y desarrollo de la educación a distancia) de la enseñanza a distancia. La cuestión es clave, pues va a determinar que la solicitud, con independencia de cualquier razón de fondo, deba ser denegada, por no haberse dirigido a quien tiene la competencia para una tal decisión. Procede estimar parcialmente el recurso interpuesto, declarando la nulidad, pero por incompetencia material manifiesta del órgano que resolvió, que debería o haber rechazado la solicitud por ser incompetente o haberla redirigido al Ministerio de Educación, y sin que podamos por ello pronunciarnos sobre el derecho a la autorización solicitada, sin perjuicio de que se reproduzca la solicitud ante la autoridad competente para ello, el Ministerio de Educación.
Resumen: Se admite a trámite el recurso de casación contra sentencia dictada en derechos fundamentales, por tener interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia determinar si a efectos de la debida motivación para fijar los servicios mínimos, cuando se ejerce el derecho de huelga en el sector aéreo, las empresas conservan la facultad de precisar determinados aspectos de los servicios mínimos, dentro de los límites fijados en la resolución administrativa correspondiente, como consecuencia de sus facultades de dirección y organización de la plantilla.
Resumen: Se estima el recurso de apelación interpuesto frente al auto dictado en procedimiento especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales autorizando la apertura de dos cajas de seguridad que el obligado tributario tiene en la mercantil Caixabank, revocando dicha resolución. Se sustenta la apelación en la no realización del adecuado juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad al afectar,dicha medida,al derecho fundamental a la intimidad reconocido en el articulo 18,1 Constitución.Se estima el recurso de apelación interpuesto previo análisis de la motivación de la autorización contenida en el auto apelado. Se destaca por la Sala que si bien la caja de seguridad no es asimilable a un "domicilio"no por ello está exenta de limitaciones a su precinto y apertura, ello al afectar al derecho fundamental a la intimidad. Y es por ello necesario,prosigue,cumplir con unos requisitos que proporcionan una justificación constitucional objetiva y razonable a la injerencia en el derecho a la intimidad, pese a no existir consentimiento del titular o autorización judicial. Se concluye por la Sala que el auto apelado omite el razonamiento necesario e ineludible de la referida ponderación, sustituyendo la valoración de los indicios alegados, datos objetivos a valorar por la juzgadora, con las sospechas de resultado que alega la Inspección. Y ello debe conducir a su revocación no ponderando,el beneficio que se obtiene con el sacrificio del derecho fundamental invocado.
Resumen: La Sala valora que ya no constan circunstancias agravatorias. En relación a los antecedentes policiales, se han sobreseído las causas, y tiene pasaporte en vigor. Desconocemos por qué la juez afirma que no es válida la copia del pasaporte presentado, en tanto es admitida la presentación de fotocopias y no nos consta indicio alguno de su falsedad. En consecuencia, en este caso con la sanción de expulsión se infringe el principio de proporcionalidad, al no concurrir circunstancias agravantes a la mera estancia irregular, y no cabe imponer al demandante la sanción de expulsión. Los antecedentes policiales no pueden considerarse a estos efectos porque no consta cual ha sido el resultado del procedimiento penal que, en su caso, haya seguido a la detención.
Resumen: Se declara la terminación del recurso por pérdida sobrevenida de su objeto, con archivo de las actuaciones. Y ello porque el proceso descansa exclusivamente en la posible vulneración del derecho fundamental de participación política por haberse acordado la ejecución de la orden de desalojo de las paradas del Mercado de las Flores de la Rambla de Barcelona pese a estar en trámite una iniciativa legislativa popular para que tales espacios fuesen declarados patrimonio cultural inmaterial de Cataluña, siendo así que resulta improcedente esa iniciativa tras ser inadmitido a trámite el recurso de amparo deducido contra la decisión de rechazo adoptada por el Parlamento catalán. De esta manera, se ha producido una circunstancia que incide de forma relevante sobre la relación jurídico-procesal entablada.
Resumen: Cabe apreciar que en el caso enjuiciado la admisión y valoración de la prueba que se obtuvo por la Administración tributaria no vulnera la integridad de las garantías del proceso contencioso-administrativo, ya que la única conexión jurídica entre el vicio determinante de la lesión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y la obtención de la prueba es la valoración que se hace sobre la autorización judicial firme, a la luz de una evolución de la interpretación jurisprudencial acerca de uno de los requisitos para acceder a la solicitud de autorización de entrada. Esta evolución de la interpretación jurisprudencial no afecta a ningún elemento nuclear del juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la autorización de entrada, sino a un requisito de notificación previa al obligado tributario de la iniciación del procedimiento inspector. La existencia de una conexión natural y jurídica entre el acto de lesión del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y la obtención de pruebas y evidencias, no deviene por si misma, en un caso como el que examinamos, en una lesión efectiva del derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE, por lo que la aplicación ponderada del art. 11.1 LOPJ no ampara la exclusión de las pruebas obtenidas en el acto de entrada y registro autorizado en el auto del Juzgado de lo Contencioso-administrativo.
